Defensoría del Pueblo “Una alerta temprana”

 

 

 

            Las modernas estructuras de Estado han adoptado la incorporación de la figura del Ombudsman “Defensor del Pueblo”, para controlar la sujeción a la Ley de los actos de Gobierno, así como defender al Ciudadano de los abusos del poder público.

 

            La creciente influencia de la administración del Estado, en criollo “burocracia”, se contrapone a las expectativas que el ciudadano tiene del mismo. En consecuencia, la relación Estado y ciudadano, entra en una instancia de conflicto.

 

Esta situación lleva al desmejoramiento de la calidad de vida del ciudadano y por ende a la violación de los derechos y garantías Constitucionales. Sean estos por actos, hechos u omisiones de la administración del Estado.

 

            El Defensor del Pueblo no desempeña funciones de Juez o Fiscal, ni sustituye autoridad alguna. El poder del Defensor del Pueblo descansa en la persuasión, en las propuestas de modificación de conductas que formula en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de protección preventiva, en la mediación que asume para la búsqueda de soluciones y en su capacidad de denuncia pública en casos extremos.

 

Todo lo expuesto define la necesidad y la existencia del Defensor, pero cabe la pregunta ¿ es escuchado ?, la respuesta es << No >>.

  

En general, los funcionarios, toman las recomendaciones o solicitudes de la Defensoria como una acción maliciosa o redundante. El funcionario todo lo sabe, nada ignora, su función es sublime, casi perfecta, solo una tragedia puede empañar su labor y su promisoria carrera política.

 

El llamado de atención o alerta temprana generalmente marca y avisa de las desviaciones cometidas, en pos de la defensa de los derechos y garantías del Ciudadano; o sea la esencia de la existencia del Estado.

 

A modo de ejemplo, solo basta conocer el sin número de leyes sancionadas en la Ciudad de Buenos Aires en búsqueda del salvaguardo de los derechos y garantías del Ciudadano, las cuales jamás fueron reglamentadas por el Poder Ejecutivo, ergo nunca implementadas.

 

Pero no todo esta perdido, los hechos de “República de Cromañon” pusieron en marcha uno de los resortes fundamentales de la vida en democracia, la información pública. Esta acción facilito a la ciudadanía tomar real conocimiento de la existencia de la Institución Defensoría del Pueblo y abrir el cauce para la denuncia pública.

 

Nuestra sociedad es sumamente proclive a la incorporación de criterios de modernidad, pero aún mucho dista de implementarlos, quizás la intervención institucional de la Defensoría del Pueblo sea un muy buen primer paso.

Falta aún la sensibilización de los funcionarios públicos, para asumir la responsabilidad delegada por el pueblo y sobre todo comprender que su labor debe ser la de estar al servicio del ciudadano, pues de otra forma, su accionar resulta ser inexorablemente irrelevante e inconducente.

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                                                                                                                                                                    Atilio Alimena

                                                                                            Defensor del Pueblo Adjunto

                                                                                                 de la Ciudad de Bs. As.