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Exposición del Defensor Adjunto del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, Arq. Atilio D. Alimena. Audiencia Pública: Pliego Licitatorio del Servicio Público
de Higiene Urbana. 1 de octubre de 2008 Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde que haga uso de la palabra el arquitecto Atilio Alimena, Defensor Adjunto del Pueblo. Sr. Alimena.- Señor presidente: como corresponde me voy a dirigir hacia usted en función de presidir esta audiencia. Lo primero que quiero remarcar, señor presidente, es que todo lo que voy a verter va a ser en función de representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, como instituto de garantías de la Ciudad de Buenos Aires, voy a hacer las apreciaciones en esos términos. Como primer punto, consideramos que este pliego y la ley han abierto una gran oportunidad para este debate y esta audiencia, ya que son pocos los antecedentes que tenemos en los años de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que la realización y la posibilidad de que se haya abierto el marco de participación, como hubo en reuniones anteriores, a vecinos de la Provincia de Buenos Aires, comienza a demostrar algo en lo que desde la Defensoría del Pueblo insistimos constantemente, que es el cumplimiento de la Constitución de la Ciudad y que es el concepto de Región Metropolitana. El manejo de residuos sólidos urbanos no puede quedar en la órbita exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires e interpretamos que ha sido sumamente correcta la participación y esperamos que como tal sea considerado en el momento del análisis de la ley y de los pliegos. En particular, en lo que hace al manejo de residuos sólidos urbanos, desde el año 1900, con la aparición de los denominados cirujas, hasta el año 2000, con la aparición de los denominados cartoneros –en esos cien años–, el Estado, como responsable de la temática sanitaria, no ha hecho absolutamente nada. Más aún, se ha actuado con una profunda hipocresía en el manejo de la cuestión. En los últimos treinta años, desde lo que fue la Constitución del CEAMSE, en su momento, Cinturón Ecológico, Coordinación Ecológica en la actualidad, se han producido avances pero, en realidad, los montos de inversión que ha tenido ese procedimiento deberían haber dado otros resultados. En particular, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos contratos de concesión que se han hecho con respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos, simplemente, han servido para la justificación del gasto público en ciertos casos –lo leo porque sino uno se ve tentado a seguir hablando– para el condicionamiento social. Celebramos que haya sido separado el proyecto de pliego licitatorio en lo que hace a la clasificación y recuperación de residuos sólidos urbanos y que se abra la posibilidad para quienes han sido los que pusieron en marcha el sistema de recuperación, lamentablemente en un momento crítico para el país. Y lo digo en términos personales, porque en el año 2001-2002 estuve en esta Casa como representante del pueblo de la ciudad, y me tocó discutir la Ley 992. Precisamente, no fuimos nosotros los que la originamos, podemos haber sido los que la escribimos, los que la discutimos y votamos, pero los que la originaron y pusieron la semilla, fueron los recuperadores informales –como los denomino porque me niego a llamarlos simplemente cartoneros. En esos términos, señor presidente, y me permito ahora, más allá de dirigirme a usted, como formalmente lo explicita la Ley 6, dirigirme al Cuerpo legislativo: exhorto y pido encarecidamente que en el análisis de la ley y de los pliegos se tenga en cuenta que el único responsable, como mencioné antes, en lo que hace a este servicio, es el Estado; y esta responsabilidad es ineludible. Esto es lo mismo que hablar en términos de control y de seguridad, y, por supuesto, de salud y de educación. Por eso, en esos términos, me voy a permitir exhortar a esta Legislatura que al momento de considerar el presupuesto correspondiente del año próximo, en el cual tendrá que ser incluida la previsión para el pliego de recolección de residuos o de higiene urbana, más lo que corresponde a la recuperación y a la separación e intervención de todos estos actores que denominamos cartoneros, se tiene que tener un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. No se puede volver a improvisar porque caeremos en un nuevo fracaso y en un descrédito total del sistema; estamos hablando de la posibilidad de un pliego licitatorio, con una concesión a diez años, que entendemos criteriosa por la tecnología –si es que se concreta– con que debe contar el sector. Entonces, todo ese plan va a tener que contar con equipamiento adecuado, transporte y procesamiento, en el mismo nivel de las empresas que estén prestando el servicio de higiene urbana. También se deberá contar con la planta de separación para el procesamiento final y la recuperación de elementos. Acá hay una gran responsabilidad por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El Código de Planeamiento Urbano no contempla esta zonificación o esta característica, con lo cual, se deberá, al momento de poner en marcha los contratos de concesión de higiene urbana –si queremos tener medianamente en condiciones la participación de los que van a hacer la recuperación de residuos sólidos urbanos– tener definidas las plantas.No podemos seguir improvisando y permitir que –como se decía acá, y lamentablemente es la realidad– las plantas o los denominados centros verdes hayan sido unos hermosos lugares para una inauguración, una puesta en escena y en el día de hoy estén cerrados o semiparalizados. Se habló mucho de la inserción. Yo diría que tenemos que hablar de la seguridad social. Esto está incluido en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad. En esos términos, al participar los hoy recuperadores informales, el Estado o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a tener considerar la correspondiente responsabilidad que le cabe al efecto. Todo esto, señor presidente, únicamente se puede realizar con el presupuesto correspondiente. No podemos caer en las partidas, partiditas o transferencias; si no, el sistema va a fracasar. Lamentablemente, esto va a pasar a ser como, ya lo tendría que ser hoy, con la cantidad de dinero que se ha gastado, una industria del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. No lo vamos a inventar nosotros. El país más cercano, al que han viajado muchos funcionarios, han recorrido muchas plantas y las siguen recorriendo, es España. Y una situación como la que estamos viviendo nosotros hoy acá, en todas las exposiciones y que se ha vivido en los últimos cinco años en la Ciudad de Buenos Aires, se vivió, en el año 1968, en España. Hoy confluyen todas esas cooperativas, y prestan el servicio que nosotros queremos, de alguna manera, materializar en la Ciudad.
También me quiero referir a dos cosas
puntuales. En primer lugar, creo que no podemos seguir con el criterio de
la difusión y las campañas publicitarias de lo que se debe hacer. Se
debe encarar un sistema profundo de educación de la población en lo que
hace a la recuperación de residuos sólidos urbanos; de lo contrario, el
sistema –insisto– vuelve a fracasar.
Señor presidente: también quiero hablar de
los grandes generadores, el tratamiento de áridos y la ley de envases. Si
no se encaran en profundidad esos temas, lamentablemente no estamos
cerrando el tema. La Legislatura tiene que dar respuesta a estas
cuestiones. El tratamiento de áridos no queda solamente en manos del
Poder Ejecutivo, porque hay que ver dónde se instala una planta para
poder hacer eso.
Y un último punto, señor presidente, muy
cortito… Sr. Presidente (Ritondo).- Sí, por favor. Sr. Alimena.- La
zona 5, históricamente, fue la zona testigo. Me permito mencionar que es
un falso testigo. Lamentablemente, no es un problema de limpieza, sino de
marginación social; es un problema de cercenamiento de derechos y garantías
constitucionales, como bien lo hemos hecho saber desde la Defensoría del
Pueblo, a través de distintas resoluciones, dado el riesgo social que
esto genera. Por lo tanto, es sumamente importante tener en cuenta que
esto, más allá de ser una zona testigo, debe ser la responsabilidad
formal del Gobierno de la Ciudad para que se cumpla –insisto– con lo
que dicen la Constitución y las leyes que nos rigen.
Muchas gracias. (Aplausos)
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