Atilio Alimena, adjunto de la Defensoría del Pueblo

“LA MISERIA GENERA ESCLAVITUD Y NEGOCIOS”

Excepto dos breves residencias del otro lado de la General Paz, Alimena (56, divorciado, 2 hijos y vecino de Caballito) siempre respiró aire porteño. De joven, se imaginó como un profesional haciendo carrera en una gran empresa. Por eso, tras de recibirse de técnico mecánico, se empleó sucesivamente en una acería, una metalúrgica y una cristalería, montó su propia firma de servicios y construcciones y logró el titulo de arquitecto. En 1989, la hiperinflación lo golpeó justo en pleno desarrollo de varias obras y él –un descreído de la política- empezó a preocuparse por lo público.

Fue asesor en el Concejo Deliberante y pasó por la Inspección General de la vieja Municipalidad como parte de una gestión que debía depurar al sospechado cuerpo de inspectores y refuncionalizar el sistema. En 2000 fue electo legislador, y desde 2003 es titular de la Adjuntía Uno de la Defensoría del Pueblo. Entre otros temas, se ocupa de la infraestructura y los servicios básicos de la Ciudad.

En estos días, vecinos de 16 villas porteñas reclamaron a las autoridades agua corriente, cloacas, transformadores eléctricos y urbanización; en fin, cuestiones vinculadas con su área de control...

Es un reclamo elemental. Pedir que se desarrolle la infraestructura de servicios y que las villas se integren al tejido social, urbano y cultural de la Ciudad sólo es exigir el cumplimiento de la Ley 148, una norma que en 1998 impuso un plazo de 5 años para concretar esas tareas en villas y núcleos habitacionales transitorios. Cuando yo era chico, mis abuelos vivían en Constituyentes y General Paz. Por allí había calles de tierra con zanjas a los costados y tablones para poder cruzarlas; la iluminación se reducía a una lamparita en cada esquina y otra a mitad de cuadra. Tanto ese como otros muchos barrios enteros se urbanizaron en los últimos 40 años. Si la Ciudad tiene práctica y memoria urbanizadora, ¿por qué no puede intervenir en las villas que apenas son pedacitos de barrio?

Tal vez, porque en ellas ni siquiera hay calles...

Empecemos por ahí. El Estado debería demarcarlas y abrirlas. El único costo sería el de relocalizar a las familias que viven sobre la traza de las futuras calles. Luego, vendría el momento de extender las conexiones de agua potable, cloacas, electricidad y gas, tarea en la que deberían participar las empresas de servicio y que –contra lo suele pensarse- no es de gran envergadura. Por otra parte, por esas calles podrán ingresar a la villa el cartero, el transporte, las ambulancias, el patrullero y los bomberos y todo lo que permita integrar a sus vecinos con la trama urbana. Además, si a esas calles se les pone nombre y se da a cada vivienda un número catastral, se estará aportando a la identidad de los vecinos y resolviéndoles algunos problemas.

¿Cómo cuáles?

Piense en un vecino que al buscar trabajo diga vivo en la casa 30 de la manzana 5 de tal villa. Póngale la firma que no lo van a tomar; porque el dato que da sobre su domicilio tiene una carga cultural negativa. Otra cosa sería si dijera vivo en la calle tal, número cual.

Si la apertura de calles resuelve tantos inconvenientes, ¿por qué no las abren?

Cuando integré la Comisión de Vivienda de la Legislatura acordamos hacerlo con los vecinos de la villa 1.11.14 ¿Qué pasó? De lunes a viernes, las cuadrillas despejaban terrenos para abrir calles; pero durante el fin de semana llegaba algún funcionario que le entregaba materiales a gente que levantaba casillas nuevas sobre los espacios desocupados. Ahí comenzaba un conflicto de resolución imposible porque enfrentaba a pobres interesados en la apertura de una calle contra pobres necesitados de un sitio donde vivir. Lo más grave era que este choque estaba fogoneado por personas que desde el Estado hacían su negocio político otorgando dádivas a quienes viven en la mayor indigencia con el propósito de ganar apoyos a la hora de votar en una interna partidaria o de mostrar su supuesto poder en una movilización. A esta clase de dirigencia le interesa que las cosas sigan como están. Otros interesados en mantener este estado de miserabilidad son los que se manejan al margen de la ley; por ejemplo, los narcotraficantes. Cuando la 1.11.14 se hizo célebre por la guerra entre narcos peruanos, ya hacía 5 años que se sabía que allí funcionaba una cocina, cuyo producto contribuía a sustentar y a asistir a muchas familias. Los narcos son los mismos a los que el vecino de la villa recurre cuando necesita plata para viajar, para comprar un remedio o el guardapolvo del hijo; o, simplemente, para que lo saque en auto cuando un familiar se enferma de noche o cuando llueve y todo es un barrial. Por cierto, si la villa se urbanizase tal como manda la ley, los narcos perderían el resguardo que encuentran en sus laberínticos pasillos y desaparecería buena parte de las razones que hacen que los vecinos dependan de estos buenos samaritano o del politiquero de turno. En síntesis, las villas no se urbanizan porque la pobreza y el estado de miseria es para algunos un gran negocio basado en el sometimiento y el condicionamiento de sus habitantes.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad asegura que -a través del programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios- el Instituto de la Vivienda brindó soluciones de infraestructura a 38.500 familias que viven en villas.

Habrá que ver a qué llaman soluciones. Hace poco más de un año, la Defensoría del Pueblo denunció que la villa de Los Piletones estaba prácticamente anegada por aguas servidas. La red cloacal pasa a apenas 150 metros del lugar y conectar las viviendas con ella no hubiese costado más de 25 mil pesos. En lugar de hacerlo, la solución que dio el Instituto fue construir pozos ciegos que –dicho sea de paso- están prohibidos en la Ciudad desde 1986 y cuyo desagote le cuesta al Gobierno unos 2 mil pesos diarios. Otro caso denunciado por la Defensoría es el de la provisión de agua en la Villa 31 que está a dos cuadras de Avenida del Libertador. Hace décadas, los vecinos hacían cola para sacar agua potable de la única canilla instalada en el pasillo de la villa. Hoy, deben seguir haciendo cola, pero para surtirse de agua de dudosa calidad que no sale de la canilla, sino de tanques abiertos a los que dos veces al día llenan los camiones cisterna. Esta es otra de las soluciones que surgen como salidas de emergencia, pero que la desidia y la incapacidad las hacen definitivas. No hay plan preciso a nivel ciudad y menos en lo que concierne a las empresas de servicio a nivel nacional.

Durante la última campaña electoral, los candidatos a gobernar la Ciudad competían para dilucidar quien iba a construir más viviendas...

Nadie duda que es necesario edificar viviendas sociales. Pero la primera condición es generar el saneamiento básico que le devuelva la dignidad a los vecinos. Si un chico va a la escuela con el guardapolvo manchado con caca porque al salir de su casa se resbaló con la inmundicia que debía ir a la cloaca pero se escurre por el pasillo de su vivienda, de poco sirve que construyamos casas.